sábado, 10 de diciembre de 2016

Promoción de Conciliación y Voluntariedad

La tarde del miércoles la pasé escuchando en un foro parlamentar sobre la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Ya sobre el mismo tema tuve una sesión en el mes de octubre de este año, impartida por la profesora Leticia Fontestad Portales. Esta normativa, aplaudida por unos (notarios o procuradores) y con reservas por otros (abogados, jueces o letrados de la administración de justicia), entró en vigor en España el 23 de julio de 2015 para parte de sus disposiciones (para otras el 15 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017). En el Preámbulo, el legislador apunta que la normativa forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho Privado, que se inició con la encomienda al Gobierno de turno de la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, con el fin de mayor coherencia sistemática y racionalidad al ordenamiento jurídico procesal y el reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria, dentro del conjunto de actividades jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia españoles, al tiempo que intenta contribuir a la modernización de un sector del Derecho español, en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas. Su aprobación y posterior vigencia empujó la derogación de la mayor parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en lo relativo a la jurisdicción voluntaria y a los actos de conciliación.

A continuación, voy a transcribir algunos aspectos que considero clarificadores. En primer lugar, según el art. 1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en adelante, JV, la delimitación de validez de la ley son aquellos expedientes “que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso”. Lo que caracteriza a la JV en su definición que la diferencia de la Jurisdicción contenciosa de la LEC es la no sustanciación de la controversia en un proceso contencioso. La competencia para los expedientes de JV judicial viene recogida en su art. 2: “1. Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria.” El art. 2.2 aclara la sumisión expresa o tácita en la JV: art. 2.2: “2. En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita”. En cuanto a si cabe oposición por parte de persona por tercero, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. La Ley establece que la oposición a la remoción de la tutela o a la adopción hace contencioso el procedimiento.

En referencia a la obligatoriedad o no de la defensa letrada y la representación por procurador, postulación y defensa, la Ley no establece un criterio general, dejando el carácter preceptivo de la intervención de Abogado y Procurador a cada caso concreto. No obstante, según el art. 3.2, segundo párrafo: “será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición”. Por su parte, el Ministerio Fiscal (MF) debe intervenir en los expedientes de jurisdicción voluntaria “cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare” (art. 4). En referencia a la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria a un proceso jurisdiccional contencioso, el art. 15.3 nos dice que “los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso”. Otro aspecto que regula en su art. 18 es el referido al tratamiento procesal de la competencia: “1. La comparecencia se celebrará ante el Juez o el propio Letrado de la Administración de Justicia, según quien tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la solicitud. 2. La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la vista del juicio verbal”.

La respuesta a si se pueden practicar pruebas en los expedientes de JV, se encuentra, por un lado en el art. 18. 2. 5º En la celebración de la comparecencia art. 17 2. b “…ante el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia”; y en el art. 5. “El Juez o el Letrado de la Administración de Justicia, según quien sea el competente para el conocimiento del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés público, se afecte a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo prevea la ley”. Para la forma de iniciación de los expedientes “será necesario solicitud de iniciación del expediente, con la identificación y estado del bien o derecho, que deberá ir acompañada de” la acreditación de la capacidad legal del contratante, poder de disposición sobre el objeto o derecho, certificación registral si procede, pliego de condiciones particulares de la subasta, etc. (art. 110.1). La decisión del expediente será “…por medio de auto o decreto, según corresponda la competencia al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado, desde la última diligencia practicada” (art. 19.1 ). Los recursos de revisión contra el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolviendo un expediente de JV, se promoverán ante el Juez competente, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 20). Se podrán interponer recurso de reposición contra las resoluciones interlocutorias y de apelación contra las resoluciones definitivas (art. 20). 

Si no se produce actividad promovida por los interesados el plazo de caducidad del expediente será de de seis meses desde la última notificación practicada (art. 21). Asimismo, son susceptibles de ejecución las resoluciones firmes resolviendo un expediente de JV. El art. 22.1 dice que “La ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular en los artículos 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido”. En cuanto al efecto de de cosa juzgada, la “resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquél, debiendo pronunciarse la resolución que se dicte sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria” (art.19.4). A continuación, te dejo un vídeo, subido a Youtube por videosvlex, con el contenido de un seminario jurídico a cargo de Federic Adàn Doménech, profesor Titular de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona (España), que analiza la Ley de Jurisdicción Voluntaria (fuente de la imagen: pixabay).

viernes, 9 de diciembre de 2016

Desheredación por maltrato psicológico

Si eres follower de este sitio, conocerás que en más de una ocasión he escrito sobre testamentos, herencias y clausulas testamentarias. Textos como “De reservas va la cosa”, “Para echarle de comer aparte”, “Más de dos tardes he necesitado”, “El tiempo entre sustituciones”, “La indignidad del legatario”, “Tener en cuenta = considerar”, “Con tres sellos de lacre” o ¡Ponga un testamento en su vida! son prueba de ello. Pues bien, recientemente he estado en unas sesiones sobre testamento y clausulas testamentarias, impartidas por los profesores Nieves Jiménez López y Antonio Gálvez Criado, de la Universidad de Málaga, finalizando mi participación con la realización de un trabajo puntuable sobre la causa de desheredación establecida en el art. 853 del Código Civil (CC) español, con especial referencia al maltrato psicológico, sobre el que me tomo la libertad de trasladarte algunas pinceladas, por si es de tu interés. Y es que el referido artículo 853. 2ª, establece que serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, haber “maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra”. De esta expresión, cabría la vacilación de incluir o no el maltrato psicológico. Para sacarnos de esa duda razonable, le escribía a los profesores que el Tribunal Supremo (TS) incluyó dentro de esas causas el “maltrato psicológico”, STS de tres de junio de 2014[1], al considerar legal la disposición testamentaria por la que el causante privaba a sus hijos de la herencia por “maltrato psicológico”, ante la solicitud por parte de los demandantes de declaración de nulidad de la clausula por la que fueron desheredados. 

En el Fundamento de Derecho (FD) Segundo 3 de la STS antes referenciada, el TS apunta que aunque las causas de desheredación son las recogidas en el art. 848 CC, no representa que la valoración de la causa en específico deba ser enunciada con un criterio riguroso o estricto, lo que podría suceder con el caso de los “malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación (art. 853.2 CC), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen”. En el FD Segundo 4, rotula que actualmente el maltrato psicológico debe “considerarse incluido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra”, sentando su fundamento en “la dignidad de la persona como núcleo fundamental de los derechos constitucionales (art. 10 CE) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios”. Esta inclusión la refuerza el principio de "favor testamenti". 

En la STS de 30 de enero de 2015[2], se reitera el TS en el camino marcado en la Sentencia anteriormente comentada, aportando para el litigio de “nulidad de una cláusula de desheredación testamentaria y de la institución de heredero universal. Indignidad sucesoria. Maltrato psicológico como causa de desheredación. Concepto de maltrato de obra”, la reflexión de que solo de ese modo “se puede calificar el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, tras la maquinación dolosa de su hijo para forzarla, a finales del año 2003, a otorgar donaciones en favor suyo, y de sus hijos, que representaban la práctica totalidad de su patrimonio personal.

La Audiencia Provincial de Málaga, SAP de Málaga de 14 de octubre de 2014[3], ante la demanda sobre nulidad de cláusula testamentaria, sigue la línea marcada por el TS, precisando para el caso concreto que “no exige la Ley, respecto de las injurias, la concreción rigurosa de los hechos constitutivos de las injurias, ni las palabras que en éstas hayan consistido, aunque deben ser graves”. En línea interpretativa similar se encuentra la SAP de Málaga de 26 de diciembre de 2014[4], concluyendo el Tribunal que “no sólo hubo un abandono emocional hacia el padre, sino que puede hablarse igualmente en este caso de un maltrato psicológico, por la evidente zozobra y pesar que al padre le produjo la actitud y conducta de su hija, que lo echó de su casa, incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos años de vida del causante y que queda patente en su decisión de denunciar los hechos, y en los actos posteriores, de acudir al Notario y desheredarla”.

En la SAP de Málaga de 8 de enero de 2016[5], la Audiencia Provincial, en línea con la doctrina del TS, concluye que “los demandantes en su libertad de escoger, en su relación familiar, se inclinaron por el absoluto desinterés, displicencia, desconsideración e indiferencia hacia sus abuelos, con la consiguiente afectación que estos sufrieron, al sentirse abandonados por sus nietos, en su estabilidad emocional y sentimental lo que, al parecer, a aquéllos les importaba poco, y los abuelos en su libertad de testar, conscientes y voluntariamente, lo hicieron en justa y recíproca correspondencia, desheredándolos, privándole de unos derechos sucesorios de los que aquéllos no eran acreedores por concurrir justa causa de desheredación, la del maltrato psíquico o psicológico, que se ha venido a corroborar, en su egoísmo y materialidad, con el interés, aprecio y querencia que los demandantes han mostrado hacia la herencia de sus abuelos una vez fallecidos éstos”. 

Finalmente, un matiz colateral y procesal que también consideré importante resaltar es el de la prueba de la certeza de la causa de desheredación y a qué parte le corresponde probar (demandante o demandado). La Sentencia antes referenciada nos recuerda que “la disposición testamentaria en la que se acuerda la desheredación de un heredero forzoso se considera válida y cierta salvo que sea impugnada por el legitimario privado de sus derechos, en cuyo caso la prueba de la certeza de la causa de deshederación corresponde a los herederos del testador, conforme a lo que dispone el artículo 850 del CC; así la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1995. Consecuentemente, impugnada la desheredación por los demandantes en cuanto perjudicados, es a la demandada, en cuanto heredera universal declarada en el testamento, a quien cabe la demostración en sede judicial de que concurren las causas citadas por el testador, para que sea válida la desheredación pretendida” (fuente de la imagen: pixabay).