miércoles, 20 de septiembre de 2017

¿Fútbol más transparente y accesible?

Si eres follower del sitio “Compliance Officer”, por textos como “Compliance Officer en Sociedades Deportivas”, conoces mi interés por el cumplimiento normativo en el deporte español en general y en federaciones como la del baloncesto o la del fútbol, en especifico. Pues bien, la institución representante del balompié español, presentó el viernes pasado a los medios de comunicación un convenio de colaboración con Transparencia Internacional España. Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, fueron los encargados de firmar el acuerdo en nombre de ambas instituciones. Mediante este acuerdo, LaLiga se compromete a dotarse de una política transparente y al seguimiento y control de las actividades realizadas en materia de transparencia, buen gobierno e integridad.

Con la firma de este convenio, LaLiga expresa su total disposición a elevar el nivel de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones e instituciones deportivas y se compromete a elaborar y dar publicidad de manera clara y comprensible sobre la organización institucional y estructura administrativa de LaLiga, su gestión económica o la publicación de convenios y contratos, entre otros puntos. “La firma de este Convenio con Transparencia Internacional forma parte de nuestra estrategia para convertirnos en una liga completamente transparente”, declaró Javier Tebas. “Es necesario perder el miedo a la implantación de este tipo de medidas, cualquier institución debería someterse a estos controles para evitar la corrupción”, añadió el presidente de LaLiga. 

Fundada en 1984, LaLiga es una asociación deportiva que comprende a los 42 equipos que conforman la primera y segunda división del fútbol profesional en España. LaLiga, con sede en Madrid, es responsable de LaLiga Santander, de LaLiga 123 y de la producción televisiva, que en la temporada 2016/2017 llegaron a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. La asociación también tiene una fundación activa y es la única liga de fútbol profesional del mundo que tiene una liga para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine. Este texto se ha elaborado a partir de la publicación en Compliance Officer, titulada “Transparencia y accesibilidad en LaLiga” (Fuente de la imagen: pixabay).

martes, 19 de septiembre de 2017

La vía correcta a seguir

En el texto “Imputabilidad empresarial”, editado en junio de 2016, apoyándome en textos como “Jubilación del axioma societas deliquere non potest”, "Inimputabilidad de algunas Personas Jurídicas" y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Español, te inventariaba cuatro clases de personas jurídicas implicadas en el tema de la responsabilidad penal: La primera se refiere a las entidades que operan con normalidad en el mercado, penalmente imputables. La segunda contiene a las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en su mayor parte ilegal, utilizadas instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. La tercera categoría se refiere a las sociedades sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo meramente residual y aparente para los propios propósitos delictivos, que tendrán la consideración de inimputables. La cuarta categoría engloba a los supuestos en los que existe una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica, siendo ésta, por tanto, inimputable, de manera que sus voluntades aparecen en la práctica totalmente solapadas o en que resulta irrelevante la personalidad jurídica en la concreta figura delictiva, evitando así una doble incriminación que resultaría contraria a la realidad de las cosas y podría vulnerar el principio non bis in idem. Pues bien, en relación a los sistemas de imputación de responsabilidad penal a personas jurídicas, he estado hojeando el artículo de José Luis Diez Ripollés[1], en el que teoriza sobre tres sistemas de imputación de responsabilidad penal: a la persona jurídica, a la persona física y mixto.

En lo que a la persona jurídica se refiere, focaliza el modelo de transferencia de responsabilidad en el que se atribuye a la sociedad “los hechos delictivos cometidos por sus directivos, administradores o empleados, siempre que la conducta de éstos se haya realizado por cuenta y en beneficio de la sociedad”. Apunta el autor que en la mayoría de los casos es irrelevante que los directivos hayan sido identificados –siempre que conste la realización del hecho delictivo– o que, aun identificados, puedan ser declaradas penalmente responsables. Esa responsabilidad de la sociedad la cimenta Diez en cuatro criterios alternativos de imputación: inculpar a la persona jurídica “el hecho materialmente realizado por sus representantes o empleados, que se considera un hecho delictivo propio de la sociedad”; hacer responsable al “ente colectivo un defecto de organización concreto, el cual ha facilitado o no ha impedido que sus representantes o empleados hayan realizado un hecho delictivo singular”; imputar a la sociedad “una cultura corporativa defectuosa, la cual fomenta o no impide a lo largo del tiempo la realización por sus representantes o empleados de hechos delictivos como el concreto acaecido”; cargar las cabras a la persona jurídica “una reacción defectuosa frente al hecho delictivo, ya realizado, por sus representantes o empleados”. 

En opinión de Diez Ripollés, el hecho delictivo societario, que imputa a la sociedad, como hecho delictivo propio, el ejecutado materialmente por sus representantes o empleados, “marca la vía correcta a seguir. Ello exige configurar un nuevo sujeto de imputación, la persona jurídica, y un sistema de responsabilidad penal ajustado a sus características, sin que la deseable semejanza de ese modelo de autorresponsabilidad al vigente para la responsabilidad de la persona física deba condicionar decisivamente su construcción”. Ciertamente, existen historiales de “modelos específicos de responsabilidad penal bien conectados con el sistema de imputación individual normal, como en el caso del derecho penal de menores o de las medidas de seguridad para peligrosos”. Finalmente, y dejando a un lado la imputación directa a la persona física el tercer sistema es el configurado como mixto, donde según el autor, se “imputa a la sociedad los hechos delictivos cometidos por sus directivos, administradores o empleados según el modelo de transferencia”, eximiendo o graduando “la responsabilidad del ente societario atendiendo a su comportamiento, que puede ser anterior o posterior al hecho delictivo transferido y sin directa relación con él”, opción que “no elude la infracción del principio de exclusión de responsabilidad por el hecho ajeno, sin que, pese a las apariencias, logre vincular de algún modo la responsabilidad a un hecho delictivo propio de la sociedad”, Este texto se ha basado en el previamente editado en el sitio “Compliance Officer”, bajo el título “Sistemas de imputación de responsabilidad penal” (Fuente de la imagen: pixabay).
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[1] Diez Ripollés, José Luis. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española. Revista para el Análisis del Derecho INDret. Barcelona 2012.

lunes, 18 de septiembre de 2017

TEDH, Tortura, Malos Tratos y España

Si eres follower de este sitio, conocerás mi sensibilidad respecto a la tortura y a los malos tratos a los seres. Textox como “Los menores y la violencia de género”, “Desheredación por maltrato psicológico”, “Tolerancia cero”, “Actuación contra el ciberacoso”, “Buenos tratos contra la Violencia de Género”, ¿Bullying o Mobbing? o el escrito de hace más de una década titulado “El maltrato profesor-alumno”, son buena prueba de ello. Te lo refresco porque en el fin de semana pasado he estado hojeando el informe “España ante la tortura y los malos tratos”, publicado por la Fundación Abogacía Española (si quieres acceder al documento, cortesía del Consejo General de la Abogacía española, clickea AQUÍ), donde se analizan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que se condena a mi país por no investigar casos de tortura. El propósito del Informe es concienciar a todos los agentes implicados, ofreciendo un análisis sistemático de la información relativa a los pronunciamientos que afectan a España del TEDH y el Comité para la Prevención de la Tortura, pertenecientes al Consejo de Europa; el Comité contra la Tortura y Comité de Derechos Humanos pertenecientes a Naciones Unidas y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (Fuente de la imagen: pixabay).

Apunta la Fundación que el TEDH ha dictado 9 sentencias condenatorias por violación del art. 3 CEDH, en su vertiente procesal, esto es, por insuficiencia de la investigación oficial de denuncias de torturas y malos tratos. Del total, 8 están relacionadas con una detención incomunicada por delitos de terrorismo y una con un supuesto de maltrato policial sin detención. En su jurisprudencia, el tribunal señala además que la situación de particular vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación en España exige como contraprestación un riguroso sistema de prevención de todo abuso policial. Con carácter general, el TEDH recuerda que, cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido malos tratos de manos de la policía o de otros servicios equiparables del Estado, debe hacerse una investigación oficial eficaz. A todo ello hay que sumar los pronunciamientos de los mecanismos de protección de derechos humanos del Consejo de Europa y Naciones Unidas que han emitido recomendaciones expresas a España. 

En este contexto, hay que destacar que en 2017 se han dictado en España tres sentencias que coinciden con el sentido de las recomendaciones y ratifican de alguna manera los argumentos esgrimidos por el TEDH respecto de las investigaciones llevadas a cabo. Por un lado, en una sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2016, se anuló por primera vez una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por no haber admitido una prueba pericial psicológica practicada de acuerdo al Protocolo de Estambul. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en sentencias dictadas el 18 de julio y 19 de septiembre de 2016 respectivamente, otorgó amparo ordenando retrotraer las actuaciones para que los Juzgados de Instrucción correspondientes en cada caso dicten una nueva resolución por considerar que no había existido una investigación judicial suficiente de los hechos denunciados. A la luz de estas últimas resoluciones, parece que algo empieza a moverse en el sistema de justicia y los tribunales empiezan a adherirse a la tesis del TEDH respecto de las carencias de las investigaciones llevadas a cabo en España (Fuente de la información: abogacía.es).